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El PSOE provoca la retirada del expediente para comprar pisos en Oliver y pide renegociar con condiciones más ventajosas para el Ayuntamiento

31 Oct, 2018

Los socialistas proponen que se aproveche el trabajo de mediación de la Asociación de Promoción Gitana  y que los servicios sociales de Valdefierro determinen la situación de las familias en situación de necesidad

Zaragoza, 31 de Octubre de 2018 – Las propuestas del PSOE en la sociedad de Zaragoza Vivienda han servido para el que el Consejero de Vivienda del Gobierno de ZeC, Pablo Híjar, decidiera retirar el expediente que impulsaba la compra de un inmueble en Oliver,  propiedad de Bantierra y en situación de okupación ilegal desde hace años.

La decisión de dejar sobre la mesa la adquisición de este edificio permitirá, como sugería la concejala socialista en la sociedad, Lola Campos, “renegociar” los términos de la compra en las mejores condiciones para el Ayuntamiento de Zaragoza, ya que “se estaba proponiendo una compra a ciegas, con una tasación estimativa, sin ver las viviendas y sin precisar el coste final”, señaló Campos.

 

De hecho, señaló que la operación, que respondía a un acuerdo previo entre la Sociedad Municipal y la entidad bancaria, pretendía cerrarse por 796.600 euros, una cantidad muy cercana al precio de mercado. De esta forma, resaltó el gran contrasentido de la iniciativa porque “los que venían a expropiar a los bancos, acaban cerrando una operación ventajosa para la entidad financiera, a la que además le quitan el problema derivado de la okupación ilegal de las casas”, apostilló Campos.

Por eso, la socialista pidió que se aproveche este tiempo extra “para aclarar precios y renegociar”. De la misma manera , hizo hincapié en la realidad social de las familias que viven en ese inmueble y pidió que se aproveche el trabajo de mediación que ha hecho la Asociación de Promoción Gitana con estas familias y que los servicios sociales de Oliver-Valdefierro sean los que determinen en última instancia qué recurso hay que poner al alcance de estas familias.

 

Campos advirtió del peligro que supondría dar a entender que la okupación ilegal es un camino “más asequible y rápido” para disfrutar de una vivienda social que el protocolo de trabajo de los servicios sociales municipales, y aseguró que, aunque no se opone a la adquisición de viviendas para estos fines, esta opción “debe realizarse siempre a precios y con condiciones técnicas ventajosas para el Ayuntamiento”. Lo que nunca puede ser es una opción para que los bancos y las entidades financieras resuelvan los problemas de stock de viviendas, ya que no tiene sentido, y excede las competencias municipales.